Personalidades de relieve mundial apoyan reclamo de López

"Apelamos al gobierno de Venezuela a que respete la sentencia de la máxima Corte del continente y a que se le devuelvan los derechos políticos a los inhabilitados sin juicio, para demostrarle a la comunidad internacional que la democracia esté viva y sana en Venezuela", dice la carta suscrita por 24 personas.

  EL UNIVERSAL

jueves 20 de octubre de 2011  12:42 PM

Caracas.- Líderes mundiales de reconocida trayectoria expresaron su apoyo al precandidato presidencial Leopoldo López (Voluntad Popular) e instaron al Gobierno Nacional a acatar el fallo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estableció que el Estado de Venezuela no puede negar los derechos políticos de sus ciudadanos sin un proceso judicial justo y la sentencia firme de un tribunal penal "Le insistimos al Gobierno venezolano que inmediatamente acate la sentencia, tal como es requerido por la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos", citó un boletín de prensa.

A continuación el texto completo:

Carta abierta al Gobierno Venezolano

En una decisión histórica con considerables implicaciones continentales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la máxima corte de justicia del Hemisferio, sentenció el 1ro de Septiembre de 2011 que el Estado de Venezuela no puede negar los derechos políticos de sus ciudadanos sin un proceso judicial justo y la sentencia firme de un tribunal penal. Aplaudimos esta importante decisión y le insistimos al gobierno venezolano que inmediatamente acate la sentencia, tal como es requerido por la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos.
El derecho a participar en el gobierno es un pilar inmutable de la democracia. Para garantizar elecciones libres y justas, todo ciudadano mayor de edad debe de tener el derecho de votar y de ser electo a un cargo público sin importar su ideología política o afiliación de partido. Si este tan esencial principio democrático puede ser revocado a la discreción de funcionarios de un gobierno, entonces puede ser usado como una herramienta para combatir disidentes u oposición, cometiendo un fraude a las instituciones democráticas de la nación.
En este caso específico, Leopoldo López v. La República Bolivariana de Venezuela, la Corte-IDH sentenció que el Estado de Venezuela violó el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia los derechos del conocido político de oposición Leopoldo López y de otros 800 ciudadanos fueron vulnerados pues quedaron inhabilitados de participar en procesos electorales sin el debido proceso judicial y sin oportunidad de presentarse a un juicio. Los Artículos 42 y 65 de la Constitución Venezolana claramente establecen que no se le pueden restringir los derechos políticos a un ciudadano a menos que haya sido encontrado culpable de un crimen por un juez.
La sentencia de la Corte-IDH sienta un importante precedente que tiene consecuencias más allá de Venezuela y en última instancia debería llevar a la restauración inmediata de los derechos políticos de cientos de personas en América Latina que han sido inhabilitadas políticamente. En el caso de Venezuela, la Corte-IDH fue clara en su prescripción de la acción requerida que tiene que tomar el Estado para restaurar la Justicia. Apelamos al gobierno de Venezuela a que respete la sentencia de la máxima Corte del continente y a que se le devuelvan los derechos políticos a los inhabilitados sin juicio, para demostrarle a la comunidad internacional que la democracia esté viva y sana en Venezuela.

Sinceramente,

Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz y ex Presidente de Polonia.
Fernando Henrique Cardozo, ex Presidente de Brasil.
Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile.
Vaclav Havel, ex Presidente de la Republica Checa.
Julio María Sanguinetti, ex Presidente de la República del Uruguay.
Kerry Kennedy, Presidente del Centro para la Justicia y Derechos Humanos de la Fundación Robert F. Kennedy y Directora de Amnesty USA.
StanislawChouchkievitch, ex Presidente de Bielorrusia.
Dr. Claudio Grossman, Presidente del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, Rector de la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington, y Ex-Comisionado de la CIDH.
Enrique Krauze, escritor y ensayista mexicano.
HrantBagratian, ex Primer Ministro de Armenia.
Carlos Alberto Montaner, periodista y analista político.
JanRuml, ex ministro del Interior y ex senador de la Rep. Checa.
Jorge Castañeda, ex-Secretario de Relaciones Exteriores de México.
Moisés Naím, miembro del Fondo Carnegie para la Paz Internacional.
Sergio Bitar, Senador de la República de Chile. Ministro de Minería, de Educación y de Obras Públicas durante los gobiernos de Allende, Lagos y Bachelet, respectivamente.
Wendy W. Luers, Presidenta de la Fundación por una Sociedad Civil y cofundadora del Proyecto sobre la Justicia en tiempos de transición.
Jaime Mario Trobo,Diputado de la República del Uruguay.
Tabaré Viera, Senador de la República del Uruguay.
Dra. Adriana Peña, Intendente del Departamento de Llavalleja en la República del Uruguay.
Luis Ayala, Secretario General de la Internacional Socialista.
Senador Iñaki Anasagasti, Presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado del Reino de España.
Arístides Royo, ex Presidente Panamá.
Emil Constantinescu, ex-Presidente de Rumania.
Vladimir Bukosvky, líder disidente y ex preso político de la Unión Soviética. Candidato inhabilitado para las elecciones presidenciales de Rusia de 2008.
Senador Paco Moncayo, ex-Alcalde de la ciudad de Quito, Ecuador.

Informe revela vulneraciones de derechos por parte de empresas mineras

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En el mes de la IV Minga Global por la Madre Tierra, Solidaridad Suecia – América Latina (SAL) y Swedwatch presentaron un informe que revela las vulneraciones a los derechos humanos y colectivos por parte de empresas mineras que operan en América Latina y en las que invierten las administradoras de fondos de pensiones, a las que piden ser más exigentes con los estándares ambientales y sociales al momento de definir sus inversiones. Reproducimos aquí la nota difundida.
El dinero de las pensiones suecas en Yanacocha carece de ética
· Conflictos por agua, territorios en disputa, acoso a pobladores y líderes ambientales, maltrato a trabajadores sindicales, son algunos de los actos que describen la presencia de la minera de Newmont Mining y el proyecto de Yanacocha en Cajamarca – Perú.

Newmont Mining y otras empresas mineras, por su alta rentabilidad, se han convertido en el principal objetivo de las administradoras de los fondos de pensiones privadas y estatales en diversos lugares del mundo, sin que estas tengan conocimiento del comportamiento ético de dichas compañías mineras en relación a los derechos humanos y al medio ambiente.

Ante esta situación, Solidaridad Suecia América Latina (SAL) solicitó a la organización Swedwatch que investigue a varias compañías mineras de inversiones transnacionales que son receptoras de los fondos de pensiones nacionales de Suecia, dado que incumplen las expectativas de comportamiento ético.

“La política sueca para el desarrollo global es muy clara” -explica el Presidente de Solidaridad Suecia - América Latina, Francisco Contreras-. “Todas las áreas de la política sueca deben tomar en cuenta los derechos humanos y los intereses de la gente que vive en pobreza. Pero los Fondos Nacionales de Pensiones no están cumpliendo con esta política”.

En este marco, el Estado Sueco debe asegurar que el marco reglamentario no está en conflicto con otros objetivos de la política sueca con respecto al desarrollo sostenible global.

“El Estado debe establecer objetivos claros y llevar a cabo una evaluación anual del respeto a los derechos humanos y al medio ambiente de los Fondos Nacionales de Pensiones. También debe evaluar a los Fondos a partir de una perspectiva a futuro, de modo que los Fondos sean premiados por sus estrategias para la creación de valores a largo plazo”, dice Viveka Risberg, Directora de Swedwatch.

Francisco Contreras añade que el Estado de Suecia está mostrando una doble cara, pues “con una mano invierte en empresas dañando el medio ambiente, con la otra da fondos a las organizaciones suecas que trabajan con los pueblos afectados por sus derechos a un medio ambiente saludable. No tiene sentido”.

El informe de Swedwatch también discute la participación de los Fondos Nacionales de Pensiones en otras dos empresas mineras de oro: Barrick Gold, que está construyendo la mina Pascua-Lama en la frontera entre Chile y Argentina; la mina Marlin, de la empresa Goldcorp en Guatemala. Minas que también están ligadas a amenazas al medio ambiente y a los derechos de la población local. Ninguna de las tres empresas antes mencionadas forma parte de la lista de exclusión del Séptimo Fondo Nacional de Pensiones, mientras que el Consejo de Ética solamente lleva a cabo un diálogo con Goldcorp.

“Los Fondos Nacionales de Pensiones tienen títulos de propiedad en miles de empresas, pero únicamente dialogan con unas cuantas. El Consejo de Ética debe incrementar la transparencia en el proceso de persuasión y precisar los criterios para que las participaciones futuras sean defendibles”, plantea Francisco Contreras, de Solidaridad Suecia - América Latina (SAL).

Resumen sobre Newmont

Los Fondos Nacionales de Pensiones han invertido un total de 465 millones de coronas suecas en la compañía estadounidense Newmont Mining, propietaria mayoritaria de Yanacocha, la mayor mina de oro de América Latina. El estudio de campo realizado por Swedwatch en la mina Yanacocha en Perú, muestra que hay indicios de que la extracción minera ha causado graves daños ambientales y escasez de agua. El trabajo de seguridad de la empresa, la contratación de guardias privados y los acuerdos con la policía, son cuestionables desde la perspectiva del imperio de la ley. La empresa minera ha incurrido en abusos contra la población local en repetidas ocasiones; así mismo, mucho indica que los opositores a la mina siguen siendo objeto de represalias y acoso. La empresa minera planea ampliar sus actividades de extracción en la zona, por lo que se incrementa el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos. El hecho de que la empresa minera haya decidido vigilar y documentar la visita de Swedwatch, en lugar de hacer comentarios sobre la información y responder a las preguntas, refuerza la imagen de una empresa poco transparente y reacia a dialogar con las partes interesadas.

Recomendaciones a los Fondos Nacionales de Pensiones con respecto a la mina Yanacocha y al proyecto Minas Conga, de Newmont:

Exigir que se realice un nuevo estudio independiente para saber de qué forma las operaciones mineras de Yanacocha y Minas Conga afectan la calidad del agua y el acceso a la misma para los residentes alrededor de la mina.
Exigir que se respeten los derechos de las poblaciones locales y que éstas sean compensadas de forma justa por el posible impacto negativo en su sustento, causado por las actividades mineras en Yanacocha.
Exigir que se realice una investigación independiente sobre las amenazas de muerte dirigidas a los opositores a la mina, para averiguar si éstas pueden ser vinculadas a la empresa de seguridad contratada por la compañía minera.
Exigir que la empresa respete el derecho de los empleados a tener condiciones de trabajo aceptables, así como el derecho a participar en sindicatos sin sufrir represalias.
Exigir que la empresa realice un estudio sobre las repercusiones de la actividad minera en los derechos de los pueblos indígenas y desarrolle un plan para proteger dichos derechos de acuerdo con el Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la membrecía de la empresa en el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por su siglas en inglés).
Exigir que la empresa respete los esfuerzos que se han hecho para crear reservas naturales en áreas específicas que deben ser protegidas y que no son adecuadas para el desarrollo de actividades mineras, a fin de proteger la diversidad biológica.
Exigir que la empresa incremente su transparencia y apertura.

Swedwatch es una organización no partidista, aconfesional y sin ánimo de lucro encargada de supervisar las relaciones comerciales de empresas suecas en países en vías de desarrollo. Swedwatch considera que la inversión en el extranjero puede ser algo positivo que contribuye a la creación de puestos de trabajo y garantiza un crecimiento sostenible. Sin embargo, debemos tener en consideración a los habitantes del país así como las distintas legislaciones nacionales y convenios internacionales.

Solidaridad Suecia-América Latina – SAL es una organización de solidaridad que trabaja en Suecia y América Latina en conjunto con organizaciones de los movimientos populares latinoamericanos. Quiere un mundo justo, igualitario, equitativo y sostenible.


Se adjunta resumen del Informe.

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), Consejo Indígena de Centro América (CICA), Consejo Indígena de Meso América (CIMA), CONACAMI, CONAMAQ, ECUARUNARI, ONIC, FOCO, FUNDAMAYA, COMKADES, No a la Mina, CRIC, CONAFROIC, CRIDEC, CONAVIGUA, Minga Informativa de los Movimientos Sociales, TONATIERRA, Peruanos en Acción, Movimiento Indígena Nacional (México), Grito de los Excluidos, Plataforma 12 de Octubre: ¡Nada qué celebrar!, GTEPIC-15M, SICSAL, ECOPORTAL, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, otras organizaciones indígenas del Abya Yala.

http://www.semana.com/enfoque-principal/no-hablamos-resguardo-sino-territorio-ancestral/166208-3.aspx