El presente tiene por objeto mostrar por medio de un breve análisis las consecuencias de la explotación de los recursos naturales a través del desarrollo o implementación de las políticas y leyes que barrunta el estado para lograr el desarrollo económico, dejando de lado la fundamentalidad y el reconocimiento de los mínimos que un pueblo ha trabajado y luchado desde antes de la colonia y aún en nuestros tiempos.
La ley 1450 por la cual se expide el plan nacional de desarrollo ha establecido que pretende utilizar la minería como uno de los ejes del plan de gobierno Santista, dadas las altas utilidades que ha venido reportando esta actividad para el crecimiento económico Colombiano, tal y como lo demuestra en su artículo el Doctor (Velazquez, 2011) [1], Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, a esto se suma que durante los últimos años y en particular durante el gobierno de Álvaro Uribe se desarrolló e implemento una política denominada de confianza inversionista la cual tuvo como objeto y consecuencia que las compañías trasnacionales encontraran un poderoso estimulo, puesto que el negocio genera altísimas rentabilidades propiciadas por los bajos costos laborales y los vastas y desmedidas ventajas y exenciones otorgadas en materia tributaria, además de que el precio de las regalías cobrado por la explotación de los recursos es de los más bajos de sur américa, según el senador Jorge Robledo mientras chile se queda con el 55% de la renta generada por este sector, y Perú el 25% Colombia apenas reclama el 22% en promedio lo que genera unas expectativas de rentabilidad envidiables.
El problema se incrementa, ya que el día 12 de octubre del presente año se aprobó por parte del congreso estadounidense el tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y EE.UU, lo que acarrearla ampliación del número de contratos de concesión suscritos de trasnacionales con el estado Colombiano y con ellos clausulas de perpetuidad sobre el derecho de explotación de nuestros recursos naturales, excluyendo de esta manera a las minorías.
En el entendido de que un Derecho(s) humano constituye una construcción social a partir de las vindicaciones y luchas sociales que se gestan a partir de situaciones históricas particulares y concretas en aras de su reconocimiento y garantía de condiciones dignas de su existencia, en esta ocasión me referiré en concreto a la situación del campesino boyacense, una clase social que se formó desde la conquista y ha perdurado a lo largo del tiempo por su fuerza, labor y sobre todo por el amor a la tierra, formando una identidad con su pueblo, consolidando sus costumbres y demostrando que a través del esfuerzo florecen las esperanzas y la virtud; ahora bien, la entrada en vigencia del TLC de EE.UU con Colmbia, tal y como lo muestran las experiencias de los demás países trae como efecto y/o resultado, el desplazamiento de esta cultura poblacional además de conflictos por agua, territorios en disputa, acoso a pobladores y líderes ambientales, maltrato a trabajadores sindicales, son algunos de los actos que describen la presencia de la minera, además de violaciones a los derechos humanos y de los trabajadores, trabajo esclavo, represión y criminalización de la protesta social, impactos culturales y simbólicos, militarización de los territorios en conflicto, concentración, extranjerización y privatización de las tierras, destrucción de la naturaleza e impactos sobre la soberanía nacional y popular son sólo algunas de las situaciones denunciadas por las organizaciones sociales.
Es por esto que el Estado debe establecer objetivos claros, entender que las grandes corporaciones transnacionales constituyen un eslabón clave de las cadenas contemporáneas del neocolonialismo. Son operadoras centrales del extractivismo, del saqueo de los bienes de la naturaleza, de la destrucción y contaminación de los territorios y de la vulneración de los derechos de las poblaciones, “A su vez debe asumir una dimensión ética en donde se exprese claramente la dignidad, puesto que vivir implica construir las bases materiales y mentales del sujeto. En todos los contenidos de los derechos no hay un único sentido de dignidad, no existe una dignidad universal, sino múltiples dignidades asociadas a las raíces profundas de cada cultura en cuanto los pueblos viven, sienten, desean, de maneras distintas, que se conectan en el sentido humanizante”[2]. [1] El sector minero ha sido también el que tiene la mayor participación dentro del total exportado por nuestro país. En 2010 Colombia exportó 39.820 millones de dólares, 21% más que en el 2009. La mayor parte de estas exportaciones pertenecen al sector minero (el 59%), y dentro de este, las exportaciones de petróleo representaron el 70.24%, seguidas de las de carbón, con el 25.63% del total exportado por el sector minero.
Adicionalmente, de cada 100 de PIB, el sector minero aporta casi 10 puntos (9.2% fue su participación en 2009), y según el gobierno nacional, este sector transfirió en ese mismo año $20 millones al presupuesto nacional, entre impuestos nacionales y locales (1.3 billones entre IVA, impuesto de renta, impuesto de patrimonio, y sector externo), regalías ($1.5 billones) y utilidades de las empresas y utilidades de las empresas en las que tiene participación (Plan Nacional de Desarrollo, 2011, pág. 216), Dentro del sector de minas y canteras, los subsectores con más crecimiento en el 2010 fueron petróleo crudo, con 17,6%; gas natural, con 6.4%; carbón, con el 2.2%; minerales metálicos con el 1.8% y los no metálicos con el 1.6% (…), La creciente importancia de los recursos que genera éste sector de la economía global, se refleja en la fuerte inversión que las compañoas trasnacionales están haciendo en Colombia, animadas por el extraordinario crecimiento que han experimentado los precios de estas materias primas. Si se comparan los precios actuales, en dólares, con los de 2001, se tiene que el oro ha crecido 4.5 veces, el del carbón 2.5 veces y el del niquel 4.7 veces.
[2] Teoría crítica de los Derechos Humanos.
